LA VENTA DE ONO AHORA O NUNCA.

Los principales accionistas de Ono son cuatro firmas de capital riesgo que participan en la compañía desde hace casi una década, un periodo inusualmente largo de permanencia para este tipo de empresas, con ciclos de inversión máximos de cinco o siete. El lento crecimiento del grupo, primero, y la crisis, desde 2008, han aconsejado a estas firmas esperar para rentabilizar su inversión. Ahora, las circunstancias han cambiando, y con la economía española en los inicios de su recuperación, y unos competidores reforzados con el lanzamiento de ofertas convergentes basadas en fibra óptica, a medida que transcurren los días los accionistas de Ono pueden estar dejando pasar oportunidades para hacer rentable su inversión. El consejo de administración de Ono tendrá sobre la mesa el próximo martes al menos dos posibilidades para vender la compañía: una oferta en firme de Vodafone y una salida a bolsa a través de una OPV. La primera les facilita la salida directa e inmediata de la compañía, a un precio pactado. La segunda, la salida a Bolsa, no estaría formalizada hasta bien entrada la primavera, como pronto, y la valoración dependerá del apetito del mercado por participar en la operadora de cable, aunque otorga más flexibilidad a las firmas de capital riesgo para ordenar su salida. Aun teniendo en cuenta todos estos factores, será el precio el que condicione definitivamente la decisión de los accionistas. Pero la venta de Ono a Vodafone casi obligaría a Orange, su principal rival, a mover ficha, con Jazztel como gran candidato, aunque Yoigo también podría ser un objetivo para cerrar la consolidación. 

La venta de Ono, ahora o nunca,Empresas de Telecomunicaciones, medios y tecnología. Expansión.com

Un director se enfrenta a tres años de prisión por rechazar a un alumno

La acusación particular en el caso del colegio Yago School de Castilleja (Sevilla), que supuestamente se negó a escolarizar a un alumno por pertenecer a una familia homoparental, ha pedido que se abra juicio oral contra el director de este centro privado y contra la responsable de admisión, ambos imputados por el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla. Para cada uno de ellos se pide "la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier empleo en centro educativo en general y de enseñanza durante tres años". Además, se solicita que se imponga una multa de 30.000 euros.

La abogada de los padres del menor entiende que ambos han cometido un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, comprendido en el artículo 512 del Código Penal. En ese apartado se establecen penas de inhabilitación de entre uno y cuatro años para aquellos que "en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía".

Según la denuncia de los padres, cuando solicitaron por email la escolarización de su hijo, en febrero de 2012, se identificaron como pareja homoparental y se les dijo que no quedaban plazas. Pero uno de ellos llamó por teléfono sin identificarse y entonces le comunicaron que sí quedaban vacantes. El juez de instrucción ha abierto procedimiento abreviado contra los dos responsables del centro.